“Va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, votó esta mañana en Trelew y aseguró que la provincia «está aprendiendo a escribir su propio destino»

El mandatario destacó la expectativa por las elecciones en su provincia que, además de los cargos legislativos, incluye un plebiscito para eliminar los fueros en los tres poderes del Estado y a dirigentes gremiales. “Tenemos tres boletas: una de diputados nacionales, otra del plebiscito de eliminación de los fueros y otra del consejo de la magistratura. Hay mucha expectativa porque es la primera vez que el pueblo de Chubut puede votar una enmienda constitucional tan importante”, señaló

Además de elegir a dos de sus cinco representantes en la Cámara de Diputados, el domingo Chubut votará una propuesta impulsada por el gobernador, Ignacio Torres, que propone eliminar los fueros de los que gozan las autoridades de los tres poderes del Estado y los líderes sindicales.

Se trata de una iniciativa que elimina las inmunidades -establecidas por los artículos 247 y 248 de la Constitución local- para quienes detentan los cargos de gobernador (y vice), intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, diputados y dirigentes gremiales. La ley fue aprobada en febrero pasado por la Legislatura provincial. Al momento de su sanción, se formalizó el llamado a una consulta para este 26 de octubre.

Como se trata de una modificación a la carta magna, el referendum popular dará el veredicto definitivo para la aplicación de la norma.

Junto a la Boleta Única de Papel que en ese distrito de la Patagonia tendrá ocho listas de candidatos a diputados nacionales los chubutenses verán otra papeleta con dos opciones, Sí y No, debajo de un título con la pregunta "¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?".

La misma boleta detalla cómo quedarán redactados los nuevos artículos constitucionales en caso de que gane el Sí. Entre otros puntos, precisa que los funcionarios públicos de los distintos niveles así como los representantes de sindicatos y organizaciones gremiales "están sujetos a la acción penal sin privilegio". Y que la ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria "no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno, así como tampoco requiere proceso legislativo de desafuero".